|Resumen Ejecutivo|
Este informe es un estudio sobre la ola de violencia paramilitar que barrió al departamento del Cesar, en el norte de Colombia, entre 1996 y 2006, cuyos efectos resuenan hasta el día de hoy a través de la región. El informe trata el aparente rol en esta violencia de la empresa minera de carbón Drummond Ltd., con sede en Estados Unidos, y, en menor medida, de Prodeco, una empresa subsidiaria de Glencore Plc., con sede en Suiza. Ambas empresas mineras de carbón están vendiendo una gran parte de su producción (aproximadamente el 70% en 2013) a servicios de electricidad europeos, como E.ON, GDF Suez, EDF, Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall.
El estudio fue realizado por solicitud explícita de las víctimas de la violencia y sus familiares; y con el informe esperamos contribuir a sus esfuerzos para descubrir la verdad oculta detrás de la violencia y lograr un remedio efectivo para el daño que han sufrido.
Durante los últimos tres años, PAX ha realizado numerosas entrevistas con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, con antiguos comandantes paramilitares de la región, con antiguos empleados de las empresas mineras y sus contratistas, con abogados especializados en derechos humanos y con las autoridades colombianas. Una parte considerable del informe, sin embargo, está construida alrededor de testimonios y declaraciones ante cortes judiciales. Hemos usado los testimonios de siete comandantes ex paramilitares, tres testimonios de antiguos empleados y contratistas de Drummond y un testimonio de un ex empleado de Prodeco. Estas personas rindieron sus declaraciones bajo juramento, dentro del contexto del proceso de Justicia y Paz en Colombia, del sistema de justicia ordinaria colombiano y en el transcurso de un caso reciente ante una corte estadounidense contra la empresa, bajo el Alien Tort Claims Act. Múltiples fuentes alegan que particularmente Drummond, pero también Prodeco, han estado involucradas, de varias maneras, en abusos de los derechos humanos durante este periodo.
Cuando Drummond y Prodeco iniciaron sus actividades mineras de carbón en Colombia, a mediados de los años 90, el Cesar ya era un departamento azotado de conflictos. La presencia de las fuerzas guerrilleras de las FARC y el ELN estaba afectando sus operaciones. En 1996, un primer grupo de combatientes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó a la región. En diciembre de 1999, un nuevo frente de las AUC – el Frente Juan Andrés Álvarez – fue creado específicamente con la intención de operar en la vecindad de las concesiones mineras y a todo lo largo de la vía férrea. En los años siguientes, este frente llegó a tener 600 miembros, quienes sembraron el temor y el terror entre la población local. Con base en las cifras de la policía nacional, hacemos un cálculo conservador de que entre 1996 y 2006 el Frente cometió al menos 2.600 asesinatos selectivos, asesinó a unas 500 personas en masacres e hizo desaparecer a más de 240 personas. Estas cifras también indican que la violencia paramilitar causó más de 55.000 desplazamientos forzados en la zona minera del Cesar.
Durante los años iníciales de sus operaciones, Drummond y Prodeco eran bien conscientes de los brutales métodos usados por las AUC para luchar contra las guerrillas y contra las personas sospechosas de simpatizar con la guerrilla. El gobierno registró las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la región y, tal como lo confirmaron los antiguos empleados de seguridad de las empresas mineras, los departamentos de seguridad de estas empresas recolectaron activamente datos sobre los incidentes relativos a la seguridad y a las actividades de los grupos armados ilegales. Además, las unidades del ejército locales intercambiaron información de inteligencia con las empresas de manera permanente. No encontramos ninguna indicación de que las empresas mineras urgieran en esa época al gobierno colombiano para que tomara medidas tendientes a prevenirlas graves violaciones de los derechos humanos en la región.
Por el contrario, según un antiguo empleado de inteligencia militar de Prodeco, los departamentos de seguridad de ambas empresas jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre las fuerzas paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996. Este contacto supuestamente llevó a la llegada del primer grupo de cien combatientes para operar en la zona minera. Esto fue confirmado por un comandante ex paramilitar en la región, quien ha alegado que el Frente Juan Andrés Álvarez fue creado en 1999 por pedido de Drummond, específicamente para defender las operaciones de la empresa en la mina y la vía férrea.
El informe cita nueve fuentes que alegan que entre 1996 y 2006 Drummond suministró un sustancial apoyo financiero a las AUC, particularmente al Frente Juan Andrés Álvarez. Según sus testimonios, los métodos de pago cambiaron con los años e incluyeron desde pagos directos en efectivo, hechos al comienzo, y la canalización de fondos a través de contratistas, hasta la transferencia de un porcentaje fijo de los ingresos de la empresa en los años posteriores. Un antiguo contratista de alimentación de Drummond ha testimoniado bajo juramento en diferentes procesos ante los tribunales, que él canalizó una suma total de 900.000 dólares para el Frente Juan Andrés Álvarez, en pagos mensuales, como lo solicitó Drummond, durante el periodo desde finales de 1997 a mediados de 2001. Los pagos fueron cubiertos con una anotación en sus facturas a la empresa. Tres ex paramilitares han testimoniado que Prodeco también suministró fondos para las AUC en la región.
De las declaraciones de los antiguos paramilitares también surge una imagen de frecuente colaboración entre las empresas mineras, las AUC y el ejército. Múltiples fuentes han testimoniado que Drummond y Prodeco pasaron datos de inteligencia a las unidades del ejército locales y a las AUC. Según cuatro ex paramilitares, empleados de Drummond discutieron en varias ocasiones la estrategia paramilitar general en la región minera con los comandantes de las AUC, por ejemplo para darle prioridad a operaciones enfocadas en sitios concretos a lo largo de la vía férrea. Tres fuentes han testimoniado que la empresa de seguridad privada usada por Drummond contactaba directamente a las AUC si veía a alguna persona sospechosa y que las AUC organizaron asesinatos con base en este contacto telefónico. Tres antiguos miembros paramilitares y contratistas han declarado que en algunas instancias la empresa dirigió las acciones del Frente Juan Andrés Álvarez. Mencionan el caso del asesinato de tres líderes sindicales de Drummond en 2001, como un resultado claro de esta coordinación.
Varios testimonios, tanto de las víctimas como de los autores, indican que las empresas mineras se han beneficiado de varias maneras de los abusos de los derechos humanos cometidos por las AUC y que lo continúan haciendo hasta el día de hoy. En primer lugar, al menos tres casos de desplazamiento forzado tuvieron lugar en tierras que actualmente están situadas en las concesiones de Drummond y Prodeco o cerca de ellas. En segundo lugar, el asesinato de los líderes sindicales mineros y las continuas amenazas contra las vidas de otros miembros han debilitado los sindicatos en la región y les permiten a las empresas abstenerse de mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los empleados de las empresas. Y por último, la violencia ha silenciado las voces críticas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil en los temas de derechos humanos y los impactos sociales y ambientales de la minería del carbón.
El ciclo de violencia en la región minera del Cesar no ha terminado todavía. Actualmente, el territorio está plagado de bandas criminales compuestas en gran parte por antiguos integrantes de los grupos paramilitares. Aparte de sus actividades criminales, estos grupos armados ilegales intimidan a todos aquellos de la población civil que piden la verdad, la justicia, la reparación y la devolución de tierras para las víctimas de la violencia paramilitar. En algunas de sus amenazas escritas y comunicados públicos, estos grupos han declarado que ellos están actuando como protectores de los intereses de las empresas mineras en el Cesar. Sin embargo, como en el pasado reciente, las empresas guardan silencio acerca de estos inquietantes desarrollos y han fallado a la hora de distanciarse públicamente de las declaraciones ya mencionadas.
PAX avala la creencia del movimiento de las víctimas del Cesar de que la prevención de los futuros abusos de los derechos humanos en la región minera del Cesar solamente puede ser lograda cuando el legado de las injusticias pasadas haya sido resuelto satisfactoriamente. Ya es hora de que Drummond y Prodeco acepten su responsabilidad por los impactos en los derechos humanos de sus operaciones mineras. Esto requiere su compromiso activo con las víctimas de la violencia paramilitar en la región minera, en un esfuerzo por sanar sus cicatrices del pasado. Tal compromiso puede contribuir a hallar la verdad acerca de un episodio importante del conflicto colombiano y podría servir de ejemplo para los proyectos mineros en otras partes del país.
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